CASOSAISLADOS

Hace prácticamente seis años que la juez de Instrucción y Primera Instancia del Juzgado número 2 de Ciutadella concluyó las diligencias del caso Citur, que investiga el presunto amaño de 29 contratos públicos del Ayuntamiento de Ciutadella, valorados en más de medio millón de euros, durante el gobierno de Llorenç Brondo. Y desde entonces se está a la espera de la apertura de juicio oral que debe sentar al banquillo de los acusados a la plana mayor del gobierno de Brondo, entre ellos al propio exalcalde y cuatro de sus concejales.

Los motivos de esta demora son múltiples. En primer lugar, la complejidad de la causa y el número de imputados, hasta doce entre políticos, empresarios, funcionarios y técnicos asesores. Ello ha ido aparejado a que a cualquier auto dictado por el juez sobre la causa ha ido acompañado de una avalancha de recursos ante la Audiencia Provincial, reclamando el sobreseimiento de la causa, la reducción de los delitos imputados a cada uno de los investigados o la petición de más pruebas, declaración de más testigos o más imputaciones. Con la presentación de los recursos, el extenso sumario (de unos 10.000 folios) se remitía a Palma para que la Audiencia pudiera resolver estos recursos, y una vez resueltos, volvía a Ciutadella, para que el juez siguiera con la causa.

Y aquí era cuando surgía otro problema: el constante cambio de jueces en Ciutadella. Ello se debe a que los juzgados de Ponent son los únicos que no están dirigidos por magistrados, lo que dificulta la estabilidad.

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